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Comisión Económica y Jurídica

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El Programa InvestEU sucederá al Plan de Inversiones para Europa, conocido como “Plan Juncker”. Con InvestEU la Comisión Europea pretende apoyar la inversión, la innovación y la creación de empleo, impulsando al menos 650.000 millones de euros de inversión adicional. El programa constará de tres elementos: el Fondo InvestEU, destinado a movilizar la inversión pública y privada mediante garantías del presupuesto de la UE, el Centro de asesoramiento de InvestEU, que deberá prestar asesoramiento técnico a los proyectos de inversión que busquen financiación, y el Portal InvestEU, que reúne proyectos e inversores. El programa se desarrollará entre 2021 y 2027.

The programme has been approved by the European Parliament and the Council of the EU. The concrete figures however, will be determined by the European Council.

Por qué aborda la FIEC este tema
InvestEU apoyará las inversiones en cuatro áreas políticas, todas ellas relacionadas con el sector de la construcción, con una garantía presupuestaria de al menos 38.000 millones de euros según la propuesta de la Comisión Europea:
- 11.500 millones de euros están destinados infraestructuras sostenibles, incluido el transporte;
- 11.250 millones de euros se destinarán a inversiones en investigación, innovación y digitalización;
- Se prevé que 11.250 millones de euros faciliten el acceso a la financiación de las PYMES y
- 4.000 millones de euros deberían apoyar la inversión social y las capacidades, incluyendo la vivienda social.


Acciones y fechas clave

08/06/2018 – Propuesta de la Comisión Europea
18/04/2019 – Acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo
2º semestre de 2020? – Acuerdo sobre el presupuesto general de la UE

El Comité Europeo de Normalización (CEN) ha creado un nuevo Comité Técnico sobre “integridad y rendición de cuentas en la contratación pública” (TC 461). El objetivo de este comité es proporcionar una orientación sobre el modo en que las organizaciones aseguran la integridad, la rendición de cuentas y la transparencia en las actividades y procesos de contratación pública.

Prestará una atención especial a la corrupción, el fraude y el conflicto de intereses, pero lo más probable es que amplíe su labor a otros aspectos. De hecho, en el marco de sus actividades, se prevé que el TC 461 también considere la necesidad de abordar temas como términos y definiciones, conceptos generales, mejores prácticas, directrices para el proceso de contratación pública, listas de verificación y otras directrices de interés.

Por qué aborda la FIEC este tema
Estos temas son de gran relevancia para el sector de la construcción. Las definiciones y conceptos futuros como tales no estarán directamente vinculados con la legislación vigente de la UE (es decir, las directivas de contratación pública de la UE de 2014), pero podría llegar a ser una norma en los estados miembros. Al mismo tiempo, puede ser una oportunidad para que la FIEC transmita algunos mensajes que la legislación vigente de la UE no contempla. Por lo tanto, la FIEC ha nombrado a dos expertos para que participen a nivel de la UE en este Comité Técnico.
También es importante que todas las federaciones miembros se involucren a nivel nacional (es decir, en el comité espejo del CEN/TC 461 dentro de su organismo nacional de normalización).

Acciones y fechas clave

06/2019 – 1a reunión del CEN/TC 461
10/2019 – 1a reunión del Grupo de trabajo 1 (encargado del proyecto de norma)
03/2020 – 1er borrador disponible de la norma (por confirmar)

En mayo de 2017 la Comisión Europea publicó una propuesta de modificación de la Directiva sobre la Euroviñeta (1999/62/CE) relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras. El texto legislativo no obliga a los estados miembros a imponer tasas en su red de carreteras. Sin em-bargo, en caso de que los estados miembros introduzcan tasas, deberán respetar las disposicio-nes de la Directiva. El principal objetivo de la reciente propuesta, que modifica significativamente la legislación vigente ampliando el ámbito de los vehículos implicados (ahora también se incluyen los turismos), es avanzar en lo que respecta al principio de “quien utiliza paga”.

Por qué aborda la FIEC este tema
La FIEC está interesada en la Directiva en lo que respecta a la financiación del mantenimiento de las infraestructuras. Desde la crisis económica, el gasto público destinado al mantenimiento de las carreteras ha disminuido considerablemente, trayendo una serie de consecuencias económicas, sociales y ambientales negativas. Se supone que los gastos de mantenimiento resisten más a los cambios del presupuesto gubernamental cuando están vinculados a esas fuentes de financiación en lugar de al gasto gubernamental directo. Por lo tanto, la FIEC pide que los ingresos generados por el cobro a los usuarios se destinen al desarrollo de una infraestructura de transporte sostenible. Asimismo, la FIEC aboga por una mayor transparencia en lo que respecta al uso de los peajes y de las tasas que pagan los usuarios.

Acciones y fechas clave

31/05/2017 – Propuesta legislativa de la Comisión
27/11/2017 – Documento de posición de la FIEC
02/05/2018 – Recomendaciones de voto de la FIEC a la Comisión TRAN
25/10/2018 – El Parlamento Europeo adopta su posición, en línea con las recomendaciones de la FIEC
17/09/2019 – La Presidencia finlandesa de la UE busca una posición común
31/10/2019 – La Presidencia finlandesa de la UE presenta un segundo proyecto de compromiso para una posición común
28/02/2020 – La Presidencia croata de la UE presenta un texto de compromiso revisado

Dado que las Directivas de contratación pública de 2014 incluyen disposiciones sobre el desarrollo de la contratación pública electrónica, la Comisión Europea creó un grupo de expertos sobre contratación pública electrónica (EXEP), con el fin de contribuir a la aplicación de estas normas a nivel nacional. Este reúne principalmente a representantes de las administraciones nacionales de los estados miembros de la UE que intercambian información sobre sus respectivas situaciones y obtienen asistencia, asesoramiento y recomendaciones de la Comisión Europea sobre cómo proceder en los diversos aspectos de la digitalización en la contratación pública.

La FIEC ocupa un lugar en este grupo de expertos que se reúne dos veces al año.
Además, la FIEC tiene un puesto de observador en el subgrupo de reciente creación sobre eCertis. eCertis es una base de datos online que apunta los criterios de elegibilidad y las pruebas documentales necesarias en cada Estado miembro para participar en licitaciones públicas.

Por qué aborda la FIEC este tema
Los agentes económicos privados tienen un importante papel que desempeñar para ayudar a las administraciones nacionales a realizar la transición hacia la contratación electrónica, ya que las empresas se encuentran entre los usuarios finales de las herramientas de contratación pública.

Entre otras cosas, la FIEC ha contribuido al trabajo en cuestiones de interoperabilidad, acreditación de plataformas, aplicación del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC); e interviene periódicamente para mostrar las opiniones y necesidades de la industria de la construcción en este ámbito.

Acciones y fechas clave

2014 – Creación del Grupo de expertos de la Comisión Europea sobre contratación electrónica (EXEP)
05/2019 – Reunión del EXEP, Bruselas
11/2019 – Reunión del EXEP, Bruselas
18/02/2020 – 1a reunión del subgrupo sobre eCertis

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) es el principal organismo mundial de normalización de la regulación prudencial de los bancos y proporciona un foro para la cooperación en materia de supervisión bancaria. Su mandato consiste en fortalecer la reglamentación, la supervisión y las prácticas de los bancos de todo el mundo con el fin de aumentar la estabilidad financiera. El conjunto de normas acordadas por el BCBS se conoce como el “Marco de Basilea”. Las normas establecen un sistema basado en tres “pilares”:
1) requisitos mínimos de capital y liquidez,
2) un proceso de revisión supervisora destinado a garantizar que los bancos dispongan de capital y liquidez suficientes para soportar todos los riesgos de su actividad, pero también a alentar a los bancos a desarrollar y utilizar mejores técnicas para la supervisión y gestión de riesgos y requisitos de divulgación que procuren proporcionar a los participantes en el mercado información suficiente para evaluar los riesgos materiales de un banco y
3) la adecuación del capital y así fomentar la disciplina de mercado por parte de los bancos.

El conjunto original de normas se acordó en 1998. Se revisó en 2004. Como reacción a la crisis financiera, el BCBS revisa las normas por segunda vez. El resultado es el conocido Marco de Basilea III. En diciembre de 2017 se finalizaron las reformas de Basilea III. Ahora deben ser implementadas a nivel de la UE, lo que requiere modificar la legislación actual.

Por qué aborda la FIEC este tema
Como toda la economía europea, el sector de la construcción depende en gran medida de los bancos para la financiación de las empresas, la financiación de proyectos y los préstamos para actividades inmobiliarias. En términos generales, para cumplir con las principales necesidades de capital que ocasionarán las reformas, los bancos tendrán que ajustar sus balances, ya sea reduciendo el tamaño de sus activos o reuniendo capital adicional cuyos costos podrían trasladarse al precio de su financiación. Debido a la importancia de la industria de la construcción para el crecimiento interno, el deterioro de sus condiciones de financiación iría acompañado de efectos socioeconómicos adversos.
Más concretamente, la FIEC considera la aplicación del marco de Basilea III desde tres ángulos principalmente: la financiación de las actividades inmobiliarias, la financiación de las PYMES y la financiación de proyectos.

La FIEC sostiene que no existe un enfoque único para la aplicación del acuerdo de Basilea. Al ser un acuerdo internacional, se basa en un compromiso que descuida algunas de las particularidades de la financiación de la economía de la Unión Europea que, por ejemplo, es diferente del modelo de los Estados Unidos. Por ejemplo, la economía de la UE depende en mayor medida de la financiación de los bancos que la economía de los Estados Unidos, donde los mercados de capital desempeñan un papel predominante en la financiación de las empresas. Según nuestras estimaciones, la aplicación de las normas del acuerdo de Basilea III daría lugar a la pérdida de al menos 170.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción a nivel europeo. La solidez de los bancos europeos y las condiciones de financiación favorables no sólo son fundamentos clave para el sector de la construcción, sino para el crecimiento interno de la UE en general.

Acciones y fechas clave

December 2017 – Finalización de las reformas de Basilea III
10/2019 - 01/2019 – Participación de la FIEC en la consulta pública
2º trimestre/2020 – Propuesta legislativa de la Comisión Europea para la aplicación de Basilea III
01/2022 – Fecha límite de aplicación de las reformas de Basilea

Desde principios de 2018, la FIEC ha estado centrada en el asunto clave del mantenimiento de las infraestructuras de transporte. La crisis económica generó enormes recortes de inversión, a pesar del envejecimiento de la infraestructura europea de posguerra, especialmente los puentes. De hecho, el mantenimiento que queda pendiente, es decir, el mantenimiento y rehabilitación que fueron aplazados y que deberían haberse realizado para mantener las carreteras en buen estado, aumenta considerablemente. Es más, el mantenimiento aplazado tiene como resultado costes más elevados: impide la movilidad en el mercado interior, aumenta el riesgo de accidentes y provoca un aumento de las emisiones de CO2 en el sector del transporte. Además, el “ahorro” derivado de este aplazamiento será una falsa economía, ya que la infraestructura se degradará hasta el punto de tener que ser reemplazada, lo que resulta más costoso en comparación con un mantenimiento continuo. Sin embargo, el mantenimiento de la infraestructura es en su mayor parte competencia de los estados miembros, y a nivel nacional no se hace mucho para remediar el problema.

Por qué aborda la FIEC este tema
El mantenimiento de las infraestructuras es una importante fuente de actividad para el sector. El mantenimiento regular de las infraestructuras significaría una actividad continua para la industria de la construcción. A nivel europeo, varios expedientes legislativos también hacen referencia al mantenimiento de las infraestructuras. En cuanto a la financiación, la FIEC aboga por que parte de los fondos de la UE que se dedican a las infraestructuras de transporte cubran también las necesidades de mantenimiento, como el Mecanismo “Conectar Europa” o InvestEU. En un sentido similar, la FIEC insta a que se establezca principio de asignación obligatoria de fondos con respecto a la Directiva Euroviñeta, a fin de asignar los ingresos generados a infraestructuras sostenibles. La FIEC también reclamó una ambiciosa revisión de la Directiva sobre la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias para orientar mejor la inversión en infraestructuras en función de la evaluación de seguridad. Lamentablemente, las Directivas sólo prevén inspecciones visuales de la superficie, mientras que la salud estructural está excluida de su ámbito de aplicación.
Además, está estudiando la posibilidad de establecer una red informal de asociaciones europeas dedicadas a promocionar el tema.

La FIEC también se ocupa de la seguridad y el mantenimiento de los puentes en particular. La importancia de los puentes en la red de transporte es trascendental. Su clausura, originada por obras de mantenimiento excepcionales, tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales considerables. El derrumbe en 2018 del puente Morandi en Génova puso de manifiesto que hay vidas en juego cuando los puentes no tienen un mantenimiento adecuado. La FIEC promueve la creación de un manual para puentes que permita identificar las necesidades de seguridad y mantenimiento y, por lo tanto, orientar las inversiones.

Acciones y fechas clave

23/04/2018 – Reunión de la FIEC sobre mantenimiento de infraestructuras
12/06/2018 – Reunión con la DG MOVE
25/09/2018 – Evento sobre mantenimiento de infraestructuras dentro del intergrupo del Parlamento Europeo sobre inversión a largo plazo, coorganizado por la FIEC
26/03/2019 – Reunión de la FIEC sobre mantenimiento de infraestructuras
29/03/2019 – Reuniones con la DG MOVE y la DG GROW
24/09/2019 – Reunión con la DG MOVE
05/11/2019 – Reuniones con la DG MOVE y la DG GROW
18/11/2019 – Reunión con asociaciones europeas
03/2019 – La FIEC contribuye al estudio de la Comisión Europea para la evaluación del Libro Blanco de Transporte de 2011
(?)06/2021 – Conferencia sobre la seguridad de los puentes en Estrasburgo

En 2012, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento sobre el acceso de los bienes y servicios de terceros países al mercado interior de la Unión en materia de contratación pública y procedimientos de apoyo a las negociaciones sobre el acceso de los bienes y servicios de la Unión a los mercados de contratación pública de terceros países, también conocido como Instrumento de contratación pública internacional (IPI). El objetivo principal consistía en aumentar la influencia de la Unión Europea en las negociaciones para lograr la reciprocidad en lo que respecta al acceso de las empresas europeas a los mercados de contratación pública extranjeros. Básicamente, cuando un tercer país que no es miembro del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC restringe el acceso al mercado de las empresas europeas, los operadores de las economías del país en cuestión podrían ser objeto de medidas restrictivas adoptadas por la Comisión Europea. Como no hubo una mayoría de apoyo a la propuesta en el Consejo de la UE, la Comisión Europea presentó una propuesta modificada en 2016. La nueva propuesta debilita claramente el instrumento. Limita las posibles medidas restrictivas a penalizaciones a través de medidas de ajuste de precios y prohibiría a las autoridades contratantes nacionales excluir de sus procedimientos de licitación las ofertas de los países no miembros del ACP. El expediente legislativo ha estado paralizado durante los últimos años, ya que el Consejo no pudo llegar a un acuerdo sobre un enfoque común. Sin embargo, el Consejo ha reanudado recientemente su labor sobre el expediente.

Por qué aborda la FIEC este tema
La FIEC trata este tema en cooperación con la European International Contractors (EIC) y la European Dredging Association (EuDA). En lo que respecta a las cuestiones relativas al mercado interior, la FIEC considera que el IPI es un medio para evitar la competencia desleal en el mercado interior mientras que las otras dos asociaciones se ocupan de los desafíos fuera de la UE. En los últimos años, observamos que un número creciente de grandes proyectos de infraestructura que se adjudican a empresas estatales (SOE) chinas presentan precios extremadamente bajos con los que las empresas privadas europeas no pueden competir. Para FIEC lo más preocupante es el hecho de que la propuesta del IPI, tal y como se establece actualmente, abriría completamente el mercado de contratación de la UE a los licitadores de terceros países, al tiempo que infravaloraría las disposiciones de la legislación vigente en materia de contratación pública. Por lo tanto, la FIEC aboga por algunas modificaciones de la propuesta. Lo más importante es que se debe asegurar que el IPI venga como un complemento de la legislación existente y no la anule.

Garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior también requiere acciones que van más allá del IPI. Por ejemplo, el Reglamento Antidumping de la UE debería aplicarse también a los servicios, no sólo a los bienes. Además, la FIEC pide realizar una evaluación de las ayudas estatales cuando las empresas de terceros países quieran participar en los procedimientos de licitación. Asimismo, dado que no existe una definición jurídica de “ofertas anormalmente bajas” (ALT, por sus siglas en inglés), la FIEC exige que se establezca un mecanismo de activación del control a fin de limitar el margen de maniobra de los poderes adjudicadores al tramitar esas ofertas. En el mismo sentido, el precio no debe ser el único criterio a la hora de determinar la oferta económicamente más ventajosa (MEAT, por sus siglas en inglés).

Acciones y fechas clave

21/03/2012 – La Comisión Europea publica la propuesta del IPI
29/01/2016 – La Comisión Europea publica la propuesta modificada del IPI
12/06/2019 – Plan de acción de FIEC/EIC/EuDA
17/09/2019 – Documento de posición de FIEC/EIC/EuDA sobre el fomento del “Level Playing Field” en construcción
11/2019 – Reunión de la FIEC con el asistente parlamentario del eurodiputado Daniel Caspary (PPE), Ponente sobre el IPI en el Comité de Comercio
01/2020 – La FIEC se reúne con la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero (S&D), Ponente alternativa sobre el IPI en el Comité de Comercio
02/2020 – Reunión de la FIEC con el asistente parlamentario del eurodiputado Liesje Schreinemacher (RENEW), Ponente alternativo sobre el IPI en el Comité de Comercio
03/2020 – La FIEC contribuye al documento de posición de BusinessEurope

En febrero de 2011, la UE adoptó la Directiva 2011/7/UE sobre la lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales. El trasfondo de la Directiva es que la mayoría de los bienes y servicios se suministran de forma diferida, es decir, el proveedor concede al cliente un plazo para pagar sus facturas. Aunque se entregan los bienes y se prestan los servicios, muchas de las facturas correspondientes se pagan mucho después de la fecha límite, lo que afecta negativamente a la liquidez y complica la gestión financiera de las empresas. Muchas PYMES incluso se declaran en bancarrota debido a la demora en el pago. Uno de los principales elementos de la Directiva es el derecho de los acreedores a percibir intereses de demora. Además, la Directiva aborda las condiciones de pago con el fin de evitar el abuso de la libertad contractual en detrimento del acreedor. Dado que la morosidad es un problema tanto en las relaciones entre empresas como en las relaciones entre las autoridades públicas y las empresas, ambos tipos de entidades son objeto de la legislación. En cuanto a las autoridades públicas, se aplican normas ligeramente diferentes, ya que se benefician de fuentes de ingresos más seguras, previsibles y continuas que las empresas y obtienen financiación en condiciones más óptimas.

La Directiva debía incorporarse a la legislación nacional en marzo de 2013. Desde entonces, se han realizado algunos análisis que revelan que hasta el momento el impacto de la Directiva ha sido limitado. La cuestión de la demora en los pagos figura en la Estrategia de la Comisión Europea para las PYME de marzo de 2020. Según este documento, la Comisión apoyará a los estados miembros en la aplicación de la Directiva mediante el establecimiento de instrumentos de monitorización y de mejor cumplimiento y el estudio de la viabilidad de mecanismos alternativos de resolución/mediación para las PYMES.

Por qué aborda la FIEC este tema
El sector de la construcción se ve particularmente afectado por la morosidad, sobre todo debido a las características de su cadena de valor y a su alto nivel de conflictividad.
Las empresas constructoras son particularmente vulnerables a la morosidad, ya que normalmente tienen la obligación de realizar la construcción sufragando el coste de la misma (material, maquinaria, personal) antes de recibir el pago. Los bajos márgenes de beneficio del sector están agravando el problema y hacen que las empresas sean vulnerables a las dificultades de liquidez. La morosidad puede, por tanto, poner en peligro la mera existencia de una empresa de construcción. Un flujo de caja positivo es esencial para asegurar el funcionamiento diario de la empresa, expandirse, invertir y emprender nuevos proyectos.
Las PYME se ven especialmente afectadas por la morosidad, pero también los grandes contratistas sufren la morosidad de sus clientes privados o públicos. De hecho, las autoridades públicas suelen pagar más tarde que los actores privados. Por lo tanto, una de las principales prioridades de la FIEC es que las autoridades públicas estén sujetas a normas más estrictas. Estas tienen a menudo una posición dominante en el mercado y fijan las condiciones de compra. La morosidad por parte de los poderes públicos desencadena un “efecto multiplicador” en toda la cadena de valor en detrimento de los contratistas y subcontratistas. Además, los largos períodos de aceptación causan problemas al sector, ya que se añaden al período de pago y a menudo se utilizan para retrasar el pago.

Acciones y fechas clave

16/02/2011 – Adopción de la Directiva
16/03/2013 – Fecha límite para la incorporación a la legislación nacional
26/08/2016 – Informe sobre la aplicación de la Directiva
06/2018 – Estudio de la Comisión Europea sobre las transacciones entre empresas
01/2019 – Participación de la FIEC en una reunión consultiva informal
01/2019 – Informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo
13/03/2019 – Presentación de la Comisión Europea en la reunión de ECO PLEN
21/10/2019 – Jornada de reflexión de la Comisión Europea sobre la morosidad
03/2020 – Contribución de la FIEC en el informe de la Comisión Europea sobre la morosidad en el sector de la construcción
2º semestre de 2020 - Evaluación del impacto de la Comisión Europea sobre las futuras acciones legislativas o no legislativas

El marco legislativo actual que establece las normas para la contratación pública consiste en las tres directivas adoptadas en 2014 (2014/23/UE relativa a concesiones, 2014/24/UE relativa a contratación “clásica” y 2014/25/UE relativa a contratación de “utilities”). Estas normas tienen por objeto garantizar que los procedimientos de contratación pública sean transparentes y equitativos.

En octubre de 2017, la Comisión Europea publicó un paquete de documentoso destinados a contribuir a la aplicación de las directivas. Estos promovían el “uso estratégico” de la contratación pública (es decir, utilización de criterios innovadores, ecológicos, sociales), así como la profesionalización de los compradores públicos (es decir, el refuerzo de las capacidades).

Varias estrategias recientes publicadas por la nueva Comisión contemplan un gran número de iniciativas relativas a la contratación pública. La Comisión tiene previsto proponer normativa y orientaciones adicionales sobre la contratación pública verde. Es importante señalar que propondrá criterios ecológicos mínimos obligatorios para la contratación pública en las iniciativas sectoriales, la financiación de la UE o la reglamentación sobre productos específicos, es decir, establecerá una definición común de lo que ha de entenderse por “compra verde”. Además, la Comisión propondrá un Instrumento de control de la contratación pública sostenible que garantice la ecologización de los proyectos de infraestructura pública. Asimismo, se prevé utilizar level(s) para integrar el ciclo de vida en las contrataciones públicas. Respecto a las PYME, la Comisión Europea pedirá a los poderes adjudicadores que utilicen la flexibilidad que ofrece el marco de contratación pública y pondrá en marcha una etiqueta para los compradores públicos que se adhieran a prácticas de contratación “favorables a las pymes”. Todas estas iniciativas están en su inicio y la Comisión Europea pide cualquier tipo de sugerencia.

Por qué aborda la FIEC este tema
Esta cuestión es de suma importancia para las empresas de construcción porque representa una gran parte de las oportunidades de negocio, especialmente cuando se trata de obras públicas.

En cuanto al paquete de medidas orientativas publicado por la Comisión en 2017, la FIEC acogió con gran satisfacción estas medidas, especialmente la profesionalización de los compradores públicos, pero se mostró más escéptica sobre la fuerte promoción de la “contratación estratégica” (es decir, la inclusión de criterios innovadores, ecológicos y sociales). Esos criterios no están claramente definidos y a veces difieren considerablemente del principio tradicional de relación calidad-precio, lo que puede poner en peligro la igualdad de condiciones entre los distintos licitadores.

La FIEC está preparando actualmente algunas aportaciones para las próximas iniciativas en materia de contratación pública.

Acciones y fechas clave

2014 – Adopción de las Directivas de contratación pública
10/2017 – Paquete de medidas orientativas de la Comisión Europea sobre contratación pública
04/05/2018 – Documento de posición de la FIEC sobre el paquete de 2017
03/10/2018 – Resolución del Parlamento Europeo sobre el paquete de 2017 (Pleno)
02/2020 – Plan de inversiones para una Europa sostenible
03/2020 – Estrategia industrial
03/2020 – Estrategia para las PYMES
03/2020 – Nuevo plan de acción para la economía circular
24/03/2020 – Reunión de la FIEC con la DG GROW sobre las próximas iniciativas de contratación

Con el fin de cumplir los compromisos de la UE en el marco del Acuerdo de París desde 2015, la Comisión Europea estableció un Plan de acción sobre finanzas sostenibles en marzo de 2018. Este último incluye entre otros un Reglamento sobre el establecimiento de un marco para facilitar la inversión sostenible, también conocido como taxonomía. Esta última está destinada a abordar la brecha de inversión en lo que respecta a la consecución de los objetivos de sostenibilidad de la UE. Los diferentes enfoques nacionales en cuanto a lo que se puede considerar ambientalmente sostenible, así como el “greenwashing” impiden los flujos de inversión transfronterizos. Por consiguiente, debería elaborarse un lenguaje/metodología común sobre lo que puede considerarse ambientalmente sostenible. El objetivo consiste en crear criterios uniformes para evaluar el grado de sostenibilidad de las actividades económicas a fin de determinar el grado de sostenibilidad ambiental de un producto financiero.

La taxonomía se utilizará siempre que un producto financiero sea catalogado como ambientalmente sostenible. El Reglamento prevé criterios en función de los cuales se evalúa el grado de sostenibilidad de una actividad económica. Para elaborar estos criterios específicos se ha creado un Grupo de Expertos Técnicos (GET). La propuesta de la Comisión también supone el establecimiento de una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles. Esta adoptará la forma de un típico grupo de expertos de la Comisión y sustituirá al GET, aunque tendrá tareas similares, es decir, asesorará a la Comisión Europea sobre los criterios específicos.

Por qué aborda la FIEC este tema
El sector de la construcción juega un papel destacado en el informe más reciente del GET y probablemente será objeto de futuros informes. En el presente informe se tratan varias actividades del sector de la construcción que tienen el potencial de mitigar el cambio climático: construcción de infraestructuras de transporte; construcción de proyectos hídricos; construcción de nuevos edificios; renovación de edificios existentes; medidas de renovación individual, instalación de energías renovables in situ y actividades profesionales, científicas y técnicas, y adquisición de edificios.

Aparte de su uso inicial para productos financieros, la taxonomía podría aplicarse en la futura legislación de la UE, por ejemplo para la asignación de fondos de la UE o en el sector público (véase el Plan de Inversiones para una Europa Sostenible). Este ya se denominaba “procurement plan for the future”. Por lo tanto, la taxonomía podría tener un impacto considerable en la financiación/fondos de las propias empresas y de los proyectos de construcción individuales. Siendo la industria de la construcción un elemento central del Informe Técnico y de la futura Taxonomía, se debería tratar de asegurar una representación adecuada de la industria de la construcción en la Plataforma sobre finanzas sostenibles. El actual GET está compuesto mayormente por representantes del sector financiero, mientras que cuenta con un bajo número de representantes de la economía real.


Acciones y fechas clave

24/05/2018 – La Comisión Europea publica su propuesta
28/03/2019 – Decisión del Parlamento sobre su posición
18/06/2019 – Informe técnico del GET sobre la taxonomía
18/12/2019 – Acuerdo Interinstitucional
14/01/2020 – Plan de inversiones para una Europa sostenible
02/2020 – La FIEC se reúne con la DG FISMA
09/03/2020 – Informe técnico final del GET sobre la taxonomía
12/03/2020 – Reunión de diálogo de las partes interesadas sobre los informes finales del GET
05-06/2020 – Convocatoria de expertos de la Comisión Europea para la Plataforma de Financiación Sostenible

La política de la Red Transeuropea de Transporte (RTE -T) tiene por objeto eliminar los cuello de botella, abordar los puntos de conexión, mejorar la interoperabilidad entre los diferentes medios de transporte y entre las infraestructuras de transporte regionales y nacionales e integrar las zonas urbanas en la red. Creada inicialmente por el Tratado de Maastricht, su última revisión se llevó a cabo en 2013. En el Reglamento de 2013 se distingue entre una red global y una red básica; la primera incluye zonas remotas, mientras que en la segunda se incluyen corredores de “gran importancia estratégica”. De conformidad con el Reglamento, la red básica debería estar terminada para 2030, mientras que la finalización de la red global debería establecerse en 2050. Está previsto que en 2021 se realice una revisión de las directrices de la RTE-T.

A fin de fomentar la inversión para la RTE-T y cumplir el objetivo político, en 2013 se creó un instrumento de financiación específico, el Mecanismo “Conectar Europa” (MCE). El presupuesto total del MCE para el período 2014-2020 asciende a 29.900 millones de euros, de los cuales 23.400 millones se destinan al sector del transporte. De esta cantidad, 11.300 millones de euros se reservan a proyectos de los estados miembros que pueden optar al Fondo de cohesión. Desde 2014, se han respaldado 763 proyectos con unos 22.050 millones de euros de financiación de la UE.

Además, la Comisión Europea quiere acelerar la finalización de la RTE-T a través del Reglamento sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte. Su objetivo es crear un entorno regulador de apoyo e introducir procedimientos eficientes, ya que la implementación de los proyectos de la RTE-T se ve afectada por complejos procedimientos administrativos y por la incertidumbre regulatoria. La propuesta sigue siendo objeto de debate en el Consejo.

Por qué aborda la FIEC este tema
La inversión en la RTE-T no es sólo una inversión en infraestructura de transporte, sino que es beneficiosa para las industrias concernidas, como la industria de la construcción. Por lo tanto, la finalización de la RTE-T es clave para nuestro sector.
Lamentablemente, el MCE recibe actualmente muy poca financiación. La mayor parte del presupuesto ya se ha utilizado durante los dos primeros años. Si el presupuesto de transporte del MCE no aumenta en 2021-2027, la finalización de la red básica está en riesgo debido a un presupuesto insuficiente. De hecho, se necesitan más de 750.000 millones de euros para poder finalizar la red básica en 2030. La FIEC aboga firmemente por un mayor presupuesto para el área de transporte, así como por el mantenimiento de altas tasas de cofinanciación. Con el fin de hacerse oír más sobre este tema, la FIEC forma parte desde octubre de 2017 de la campaña “Más presupuesto de la UE para el transporte, el mejor plan de inversión para Europa” que reúne a diferentes asociaciones del ámbito del transporte.

La FIEC también ha participado en reuniones consultivas sobre el Reglamento relativo a la racionalización de las medidas y el Reglamento de la RTE-T de 2013. La FIEC ha señalado que la implementación de la RTE-T se ve obstaculizada por los largos y pesados procedimientos de autorización y las diferencias en materia de contratación pública. La FIEC también sostiene que la red no debe tener en cuenta únicamente las nuevas infraestructuras, sino que debe incluir actividades de mantenimiento y la adaptación de la infraestructura a nuevos tipos de vehículos.

Acciones y fechas clave

09/2016 – Participación de la FIEC en la reunión consultiva sobre el Reglamento relativo a medidas de racionalización
10/2017 – La FIEC se une a la campaña del MCE "Más presupuesto de la UE para el transporte"
21/09/2018 – Documento de posición de la FIEC sobre el MEC
07/2019 – Participación de la FIEC en las reuniones consultivas sobre el Reglamento de la RTE-T de 2013
Mediados de 2020 –Resultados de la evaluación del Reglamento de la RTE-T
2021 – Propuesta de revisión del Reglamento de la RTE-T

En mayo de 2017, como parte del 1er paquete de movilidad, la Comisión Europea propuso revisar la normativa sobre determinados aspectos sociales en el transporte por carretera (por ejemplo, los tiempos de conducción y los descansos), relacionados con el uso de tacógrafos (digitales) a bordo.
En principio, estas molestas y costosas normas no se aplican a los conductores y vehículos comerciales ligeros de las empresas de construcción.
Sin embargo, en algunos países la legislación se aplica más ampliamente e incluye a los “conductores de la construcción”, como si pertenecieran al sector del transporte.

Por qué aborda la FIEC este tema
La FIEC, en cooperación con la EBC (Confederación Europea de Constructores), abogó por la ampliación de las exenciones existentes para el uso obligatorio del tacógrafo a bordo de los vehículos, ya que las empresas de construcción son pequeñas fábricas móviles que cubren un perímetro limitado, en lugar de empresas de transporte por carretera. En casos específicos, también transportan productos perecederos (p.ej., hormigón premezclado), que lógicamente no deben tratarse como mercancía “normal”.

En diciembre de 2019, el Consejo y el Parlamento Europeo llegaron finalmente a un acuerdo político, en el que se reconoce el hecho de que las empresas constructoras no son en realidad empresas de transporte por carretera. De ahí que se haya introducido una exención adicional para los vehículos de construcción más pesados que transporten maquinaria, así como para los que transporten hormigón premezclado.
La cuestión es qué saldrá de las negociaciones del trílogo.

Acciones y fechas clave

Mayo 2017 –Propuesta de la Comisión Europea
Otoño de 2017 - primavera de 2019 – Numerosos actos de presión de la FIEC ante el Parlamento Europeo (reuniones, documentos de posición, recomendaciones de voto, comunicados de prensa), en cooperación con la EBC (Confederación Europea de Constructores)
03/12/2018 – El Consejo adoptó su posición (“planteamiento general”)
04/04/2019 – El Parlamento Europeo adoptó su posición (“resolución”)
Otoño de 2019 – Negociaciones del trílogo / Accion de la FIEC hacia los nuevos eurodiputados a cargo (tras las elecciones al PE)
Diciember 2019 – Acuerdo político alcanzado en el trílogo
22/01/2020 – Comunicado de prensa conjunto de la FIEC y EBC en el que expresan su satisfacción por los resultados