Comisión Económica y Jurídica (ECO)

Breve descripción y principales objetivos: 

A pesar de la Directiva 2011/7/UE vigente, el sector de la construcción sigue viéndose afectado por el problema de la morosidad tanto de clientes públicos como privados. Esto se debe a las características de su cadena de valor y al hecho de que, por lo general, las empresas constructoras deben asumir los costes del proceso de construcción antes de cobrar.

En septiembre de 2023, la Comisión Europea publicó su propuesta de Reglamento de Lucha contra la Morosidad en las Transacciones Comerciales, que derogaría la directiva actual.

La FIEC es partidaria de unas normas claras destinadas a fomentar y salvaguardar los pagos rápidos de los clientes a las empresas de construcción y entre empresas, minimizando al mismo tiempo la carga administrativa para todas las partes implicadas en una transacción comercial. Por este motivo, la FIEC se ha opuesto a determinadas disposiciones de la propuesta, concretamente las relacionadas con los pagos a los subcontratistas en la contratación pública.

Por qué la FIEC se ocupa de este tema: 

Los retrasos en los pagos pueden amenazar la existencia misma de una empresa de construcción, ya que un flujo de caja positivo es esencial para sus operaciones cotidianas.

Las actuales normas de la UE sobre morosidad llevan en vigor desde 2011, pero muchos problemas siguen sin resolverse. En algunos Estados miembros, esto preocupa especialmente a las empresas de construcción que trabajan con el sector público. Aunque el marco actual contenga disposiciones sobre plazos de pago y/o medidas de cobro, las empresas suelen mostrarse reacias a emprender acciones legales contra una autoridad pública que no les ha pagado a tiempo.

Garantizar que los poderes adjudicadores paguen a tiempo no sólo es esencial para crear una cultura de pago puntual, sino que repercute en los pagos de toda la cadena de suministro. Todos los proyectos de construcción necesitan financiación inicial en cierta medida para iniciar y movilizar el proyecto. Es esencial para la cadena de suministro, incluido el contratista principal, que se les pague a tiempo para cubrir los costes en los que incurren. El principio jurídicamente exigible debe ser que todos los clientes paguen a tiempo, ya sean autoridades contractuales públicas o privadas.

Breve descripción y principales objetivos: 

En diciembre de 2022, se adoptó la propuesta de la Comisión Europea de un "Reglamento sobre subvenciones extranjeras distorsionadoras en el mercado único de la UE" destinado a abordar los efectos distorsionadores de las subvenciones extranjeras en el mercado único de la UE. Se trataba del primer instrumento de la UE para controlar las subvenciones concedidas por terceros países. El Reglamento entró en vigor el 12 de julio de 2023.

En virtud del Reglamento, la Comisión está facultada para investigar las contribuciones financieras concedidas por las autoridades públicas de un país no perteneciente a la UE que beneficien a empresas que ejerzan una actividad económica en la UE y corregir sus efectos distorsionadores, según proceda. El instrumento cuenta con dos herramientas basadas en la notificación, incluida una para investigar las ofertas en contratos públicos que implican una contribución financiera de un gobierno no comunitario, y una herramienta general de investigación de mercado.
Antes, en junio de 2022, se adoptó el "instrumento de contratación internacional de la UE". El objetivo del instrumento era garantizar el acceso recíproco de los países de la UE a los mercados de terceros países.

Por qué la FIEC se ocupa de este tema: 

En la última década, un número cada vez mayor de proyectos de infraestructuras públicas se han adjudicado a empresas estatales de terceros países, en particular de China, a precios extremadamente bajos con los que las empresas privadas europeas no pueden competir. Por ello, es importante examinar las posibilidades de actuación que ofrece el Reglamento y que podrían contribuir a restablecer la igualdad de condiciones en el mercado único de la UE.

Además, la UE ha abierto en gran medida sus mercados de contratación pública a terceros países, mientras que muchas otras economías se han mostrado poco dispuestas a liberalizar el acceso al mercado.

La FIEC trata estas cuestiones en cooperación con los Contratistas Internacionales Europeos (EIC) y la Asociación Europea de Dragado (EuDA).

En el verano de 2023, la FIEC y sus socios facilitaron a la Comisión Europea información que corroboraba una sospecha razonable de subvenciones extranjeras en un segmento concreto del mercado, lo que justificaba una investigación de mercado. Más recientemente, la FIEC, la EIC y la EuDA han pedido un Instrumento de Defensa Comercial (IDC) para los sectores de la construcción y el dragado, argumentando que el conjunto de herramientas jurídicas de la UE es insuficiente para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado interior.

Breve descripción y principales objetivos: 

Nel febbraio 2022, la Commissione europea ha adottato la proposta di Direttiva sulla due diligence delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD), che mira a promuovere un comportamento aziendale sostenibile e responsabile lungo le catene del valore globali. La direttiva è stata adottata nell'aprile 2024. In base alle nuove norme, le aziende dovranno identificare, prevenire o porre fine a potenziali o effettivi impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente derivanti dalle loro attività.

Le nuove regole di due diligence si applicheranno a determinate operazioni aziendali e ai loro partner a monte e a valle. Le aziende potranno essere ritenute responsabili di danni e potranno essere multate in caso di non conformità. Sebbene solo le aziende che soddisfano determinate soglie rientreranno direttamente nell'ambito di applicazione delle norme di due diligence, anche le PMI che lavorano come subappaltatori per tali aziende saranno indirettamente interessate

Por qué la FIEC se ocupa de este tema: 

Gli appaltatori di tutta Europa stanno ancora percependo le ripercussioni della pandemia da Covid-19 e ora devono affrontare l'impatto della guerra in Ucraina sulle loro catene di approvvigionamento. Pertanto, è necessario garantire che il set di regole per la CSDDD sia gestibile e non comporti un ulteriore aggravio di costi per le imprese europee.

Pertanto, mentre FIEC sostiene l'introduzione di un quadro giuridico europeo armonizzato per la direttiva CSDD, chiediamo al legislatore dell'UE di limitare la responsabilità delle imprese alle proprie operazioni e ai partner commerciali diretti. Inoltre, gli obblighi corrispondenti devono garantire condizioni di parità tra le imprese di costruzioni dell'UE e quelle extra-UE, evitando obblighi sproporzionati per le PMI