Comisión Económica y Jurídica (ECO)

Breve descripción y principales objetivos: 

La pandemia de Covid-19 causó importantes perturbaciones en las cadenas mundiales de suministro, y varios contratistas sufrieron retrasos en la entrega de productos. La guerra en curso en Ucrania ha tensado aún más el suministro de determinadas materias primas (por ejemplo, el acero) en Europa y se están observando subidas de precios de los materiales de construcción en todos los Estados miembros de la UE. 

Al mismo tiempo, desde 2021 también se ha observado en toda la UE una fuerte subida de los precios de la energía. Varios factores han contribuido a esta subida de precios, como el aumento sin precedentes de los precios del gas en los mercados mundiales, la mayor demanda de gas nacional licuado o la decisión unilateral de Rusia de interrumpir el suministro de gas a varios países de la UE. Las industrias que consumen mucha energía, como las del acero, el hormigón y el cemento, tienden a repercutir la subida de precios en los contratistas. 

Por qué la FIEC se ocupa de este tema: 

Varios contratistas europeos tienen serias dificultades para hacer frente a la subida de precios y la escasez de energía y determinados materiales de construcción, y muchos corren el riesgo de no poder cumplir sus obligaciones contractuales. 

Los elevados costes de la energía y las materias primas repercuten negativamente en los niveles de producción, lo que puede ralentizar las obras de construcción. En el ámbito de la contratación pública, muchas empresas se abstienen de participar en nuevas licitaciones. Para agravar el problema, en varios Estados miembros los contratos no tienen suficientemente en cuenta los aumentos de precios y los clientes siguen imponiendo plazos de ejecución. 

La FIEC ha venido llamando la atención en repetidas ocasiones sobre las repercusiones de las interrupciones de la cadena de suministro y los aumentos de precios en los contratistas de toda Europa. También ha pedido que se tomen medidas a nivel nacional y de la UE para mitigar los efectos adversos en el sector, especialmente en el ámbito de la contratación pública. Los contratos públicos deben adaptarse en consecuencia e incluir mecanismos adecuados de revisión de precios para los contratos en curso y cláusulas de ajuste de los plazos de ejecución. 

Breve descripción y principales objetivos: 

En mayo de 2021, la Comisión Europea publicó una propuesta de Reglamento sobre las subvenciones extranjeras distorsionadoras en el mercado único de la UE, cuyo objetivo es hacer frente a los efectos distorsionadores de las subvenciones extranjeras en el mercado único de la UE. El instrumento también llena un vacío legislativo, ya que antes no existía ningún instrumento de la UE para controlar las subvenciones concedidas por terceros países. Se adoptó en diciembre de 2022 y entrará en vigor el 12 de julio de 2023. Además, la Comisión Europea adoptó normas de desarrollo del Reglamento el 10 de julio de 2023. 

En virtud del Reglamento propuesto, la Comisión está facultada para investigar las contribuciones financieras concedidas por las autoridades públicas de un país no perteneciente a la UE que beneficien a empresas que ejerzan una actividad económica en la UE y corregir sus efectos distorsionadores, según proceda. El Reglamento introduce tres herramientas, dos basadas en la notificación y una de investigación general del mercado. Incluye un instrumento basado en la notificación para investigar las ofertas en la contratación pública que impliquen una contribución financiera de un gobierno no perteneciente a la UE, cuando el valor estimado de la contratación sea igual o superior a 250 millones de euros. 

Por qué la FIEC se ocupa de este tema: 

La FIEC trata este asunto en cooperación con la Asociación de Contratistas Internacionales Europeos Internacionales (EIC) y la Asociación Europea de Dragado (EuDA). Los esfuerzos se centran ahora en facilitar a la Comisión Europea información que corrobore una sospecha razonable de subvenciones extranjeras en un segmento concreto del mercado, lo que justifica una investigación de mercado (en virtud del art. 36). 

En los últimos años, un número cada vez mayor de proyectos de infraestructuras públicas se ha adjudicado a empresas estatales de terceros países, en particular de China, que presentan precios extremadamente bajos contra los que las empresas privadas europeas no pueden competir. En estos casos se sospecha que existen subvenciones distorsionadoras. Por ello, es importante examinar las posibilidades de actuación que ofrece el Reglamento y que podrían contribuir a restablecer la igualdad de condiciones en el mercado único de la UE. 

Breve descripción y principales objetivos: 

En febrero de 2022, la Comisión Europea adoptó su propuesta de Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDD por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de valor mundiales. Según las nuevas normas, las empresas tendrán que identificar, prevenir o poner fin a los impactos negativos potenciales o reales sobre los derechos humanos y el medio ambiente derivados de sus actividades. 

Las nuevas normas de diligencia debida se aplicarán a las operaciones propias de determinadas empresas, a sus filiales en el sentido de "empresa controlada", así como a las "relaciones comerciales” directas e indirectas en sus cadenas de valor. Sólo las empresas que alcancen los umbrales definidos entrarán directamente en el ámbito de aplicación de las normas de diligencia debida. Por tanto, las PYME no entran directamente en el ámbito de aplicación de la Directiva. 

Por qué la FIEC se ocupa de este tema: 

La FIEC se ocupa de este asunto junto con la Asociación de Contratistas Europeos Internacionales (EIC). Los contratistas de toda Europa siguen sintiendo las repercusiones de la pandemia del Covid-19 y ahora se enfrentan al impacto de una guerra en Ucrania en sus cadenas de suministro. Por lo tanto, es necesario garantizar que el conjunto de normas para la CSDD sea manejable y no suponga una carga de costes adicional para las empresas europeas. 

Por ello, aunque la FIEC y la EIC apoyan la introducción de un marco jurídico armonizado de la UE para la Directiva sobre la responsabilidad de las empresas en el sector de la construcción, piden al legislador de la UE que limite la responsabilidad de las empresas a sus propias operaciones y a sus socios comerciales directos. Además, las obligaciones correspondientes deben proporcionar igualdad de condiciones entre las empresas de construcción de la UE y de fuera de la UE, evitando al mismo tiempo obligaciones desproporcionadas para las PYME.